Para reducir las “salideras bancarias”, la Capital concretaría la impresión de la patente en los cascos. Adhiriendo, su Intendente no refrenda su criterio y gestión, ni revalida su anti demagogia.
Hubo resistencia fundada en inconstitucionalidades e ineficacia; la provincia reservó para sí la ley de tránsito y la comuna sufre limitación territorial: ¿Qué pasaría si cada municipio legisla diferentemente?
Si prevenir delitos con motocicletas fuera alcanzable estampando la patente en los cascos, sería admisible provisoriamente, como el Estado Sitio; reduciendo derechos individuales, cual el control de aeropuertos en EEUU.
Pero no. Ya experimentó Colombia negativamente. Más todavía, si replica identificaciones, redundantemente. Desde la misma perspectiva (de atrás), ¿Qué agrega? Nada.
Si las chapas no se ven, háganlas más visibles. No en los atuendos del motociclista. Esto bastaría para su rechazo, por inconducente.
Además, una norma tan costosa para el obligado, arruinándole sofisticados accesorios, sin resultado seguro, es insensata.
Pero… ¿Por qué irrumpen en la mente de nuestros legisladores remedios tan ineficaces? Sería bueno rastrear la etiología de estas concepciones. Es una pregunta importante.
En la respetuosa aunque independiente opinión del que escribe, estas ideas son producto de un sistema viciado de disimulos. Donde repetidamente el juego de las apariencias esconde el verdadero diagnóstico. Verbi Gratia: Como no todos pagan impuestos, aumentan la tasa a los cumplidores. Como la tasa inmobiliaria era alta, bajaron el avalúo. Al ser menor que el real, para cobrar transferencias triplican el avalúo. Para aumentar salarios, sin aportar, inventaron rubros “no bonificables”. Como creció la delincuencia armada, proponen prohibir las armas legítimas. Todos sofismas, pero… ¡Qué actuación, aparentando responsabilidad!
Como no aprehenden a los “motochorros”, exigen la impresión indeleble de la patente en el casco del motociclista. Corolario: unos casos entre miles de motociclistas, condicionan a todos. Ensanchando sospechas, tratándolos como ladrones.
Así, cada “caso” promueve normas generales obligatorias. Somos delincuentes potenciales. Menospreciando la “buena fe creencia”, anulan su eco, la “buena fe lealtad”; elemental querido psicólogo. Pregunto: ¿Ud forma sus hijos desconfiándoles en todo? Pues, forjará delincuentes.
¿Cómo sería entonces? Primero, una carta de credibilidad. Después, si defrauda la confianza, si no merece cárcel, considérese muerto civilmente.
Si Mendoza tuviera presa la mitad del porcentaje demográfico que hay en EEUU, habría 18.000 presos. Hoy hay un tercio del “optimista” cálculo. Nuestro sistema padece regulaciones basadas en la presunción de mala fe. La espesa normativa, vacía el contenido del derecho que reglamenta. Obligando al ciudadano a la penuria de ser erudito, para acreditar su buena fe. La perversión del régimen pone a todos al borde del imperio de la ley. ¿No sería mejor partir de la buena fe, y castigar eficazmente su traición?
Siendo reconocible la chapa, ordenan duplicarla. Exploran lo notorio como aplicados miopes; habrá hallazgos intrascendentes. Muy contentos de contribuir al caos.
La Ley de Tránsito identifica los vehículos mediante la patente; no al piloto. Confundir identificaciones es una “contradictio in adjecto”.
Confiesan su impotencia. Sin arrepentimiento, ni recular. Huyen para adelante. Dándose nuevos plazos. Esperanzándonos con ideas copiadas del fracaso. Y el gesto ampuloso del mago ilusionista, distrayendo de la cuestión.
Los robos, indiferentes, crecerán. Nos esperan nuevos trucos, formando renovados plagios de espejismos, para reavivar las ilusiones desinfladas.
Después del racionalismo progresista, retrocedemos al mito, al pensamiento mágico: como los chorros usan motos, regúlese al motociclista.
¡Los chorros, chochos!
Publicado en la columna Opinión de Diario UNO, el 27 de diciembre de 2010.
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