Cuando, con los diputados Armagnague y Moa, presenté un proyecto de ley para reformar la constitución provincial, no imaginé una opinión pública tan sin reglas que prefiriera instrucciones desde el puerto, proponiendo reducir fundamentalmente lo legislativo, poder de control por excelencia.
Junto a la imputación genérica a los políticos de corrupción e ineptitud, particularmente, me reprocharon: «algo de responsabilidad tenés por no diferenciarte». ¿Cómo explicarles que, aunque proponga proyectos «no partidocráticos» e investigaciones conducentes, la conducta política particular, de no ser publicada, no existe? Véase a Beatriz Nofal, Diputada nacional: únicamente noticia porque renunció al verse desestimada, desatendida. ¿Quién sabe de sus proyectos? – nadie. Entonces, no existe. Y seguirá pareciendo que las únicas opciones son los conocidos. Que no hay políticos diferentes.
La crisis institucional y el deseo de cambio, dentro de la democracia y la república (no hay país serio exitoso con otro sistema), nos movió a la propuesta, antes que al Ejecutivo Nacional o al Bloque Justicialista. Como legisladores, la comunicamos a los diarios.
En su lugar leí asombrado que Duhalde convocaba gobernadores, instruyéndoles una reforma constitucional estandarizada; maquillaje barato. Recordé el Imperio Persa: Darío instruyendo a sus delegados provinciales, los sátrapas, discrecionalmente. La analogía entrañaba una deslegitimación de la autonomía provincial y su Legislatura. De aceptar esa «sugerencia» porteña, deberíamos renunciar como representantes. Lo patético es la motivación: bajar el costo de la política para recrear la credibilidad. ¿Y el federalismo? ¿Repetiremos la anarquía del 1820 al 1853?
El país y la provincia de Buenos Aires vienen sufriendo gestiones incompetentes, resulta que, ahora, Duhalde y Alfonsín nos enseñarán a bajar el «costo de la política». No he visto opinión crítica desde los partidos, ni desde las universidades, tampoco en los medios de comunicación.
El Estado Nacional, cargado de burocracia suntuaria, es causa del déficit fiscal, pero lo inviable son las provincias. También el estado provincial está sobredimensionado, pero el nacional superlativamente. Aunque desde el puerto sostengan que las provincias «resisten el ajuste» (Cavallo así lo vendía al FMI), pero basta ver la administración nacional pagando en pesos y la provincial en lecops, para advertir que la fiesta sigue allá. El gasto excesivo siempre estuvo en las Administraciones Centrales; en Mendoza y en la Nación. Exceptuando al Congreso que, con más de diez mil habitantes, podría declararse ciudad.
La Nación, entidad ideal, abstracta, creada por los preexistentes Estados provinciales, se justifica básicamente por la defensa exterior, las relaciones internacionales y el control aduanero. Además, junto con una privatización corrupta, la nación delegó las demás funciones a las provincias, sin achicarse. ¿Cuántos ministerios vacíos?: Educación, no tiene escuelas (las universidades son autónomas); Salud, sin hospitales; Turismo, únicamente por parques nacionales. Sin contar los organismos nacionales: enormes edificios – cualquiera más colosal que la más grande Casa de Gobierno provincial- con funcionarios de sueldos faraónicos: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Secretaría de Energía de la Nación, Etc… Así se explica la codicia del Estado Nacional «co-participándose» los recursos tributarios directos un 62% y proponiéndole a las provincias el 38%.
Hasta 1932 la coparticipación la administraron las provincias, luego de recaudar por sí los impuestos directos. Casualmente coincide con el comienzo de la decadencia Argentina. La Constitución no obliga a ser administrados, ni a la Nación recaudar impuesto; el pensamiento único instalado es mentiroso. El despilfarro está en el Ejecutivo Nacional que, para no achicarse, arroja a los perros los demás poderes y las provincias.
Mendoza tiene solamente dieciocho comunas (Córdoba 428), el país entero 2.156. La Legislatura mendocina insumía un 1,6 % del presupuesto provincial; ahora 1%.
Atento la consolidada crisis de confianza, para revalorizar la representación (el Mercado afirma: “lo escaso es más valioso”), nuestro proyecto de reforma constitucional reduce el «gasto político»; que en sí no abarca ni explica el déficit fiscal. Mendoza tuvo los sueldos más bajos del país siempre. Este año un legislador cobra -por todo concepto- $2.000, (Mil quinientos pesos menos que antes). Los diarios comunicaron el esfuerzo como una demagogia inútil, porque no le baja la aguja al presupuesto. Coincido. Fue un gesto histriónico, aunque caro para los actores de este drama grotesco; cuyo guión no redactan. El déficit fiscal de Mendoza no radica en su legislatura. Con esa remuneración sumada al desprestigio de ser legislador, la consecuencia lógica será la agudización de la corrupción. Los que se bajan los sueldos mansamente cabe conjeturar que lo suplementarán mediante contratos a siniestra. Y, si no, modestos oligofrénicos ocuparán el recinto parlamentario, justamente «donde deberían estar los mas brillantes intelectuales», decía un opinólogo de galana escritura. Indudablemente supondrá que los intelectuales son desinteresados de lo material. Olvidóse que a cualquiera le gusta ser, por lo menos, reconocido.
Pretendimos abrir el debate crítico y racional. En su lugar, sigue la propaganda del ya instalado «pensamiento único»: la solución del gasto y corrupción impune se logra disminuyendo Legislaturas y Concejos; «que trabajen gratis» o, mejor: «que se vayan». Si la pregonas repetidamente tu profecía se cumplirá.
Abogado, titular de un Estudio que tiene sesenta años de antigüedad, dispuse la mitad de mi vida al servicio del interés general. Jamás hice uso de créditos públicos nacionales ni provinciales. No he nombrado, ni hice nombrar, un sólo pariente en el presupuesto. Por eso me indignan los «gestos» demagógicos, gestados desde la corporación política bonaerense, subestimando al pueblo.
Uno
07-03-2002
Deja una respuesta