LA SEGURIDAD UN CRECIENTE MOTIVO DE GASTO

La seguridad, junto con el crítico desempleo, nos recuerda aquel ensayo en el que ROUSSEAU basó el orígen y fundamento de la sociedad: “El contrato social”. Allí, supuestamente de un modo tácito sus miembros aceptarían el rigor de las normas de convivencia. El sometimiento a un sinnúmero de obligaciones, en muchos casos distintas a las meras leyes de la naturaleza. Ya que la convivencia crea obligaciones que únicamente existen en el campo de lo cultural; definitivamente inventos del hombre, exclusivos de su mundo propio. Por ese sometimiento, cada ciudadano tendría la contraprestación del derecho a exigir de la organización social el aseguramiento de derechos fundamentales. En defecto de ese aseguramiento sería plausible una suerte de cláusula “gatillo”, de rescisión. La liberación del sometimiento al orden pactado, como cuotas societarias de convivencia. La involución a la libertad original. Como el dinero es el medio de cambio indispensable para adquirir los bienes y servicios básicos para la subsistencia, y (Salvo donación, herencia, o premio en juego de azar) el trabajo es el único medio aceptado para obtenerlo, no tener trabajo se convierte en un obstáculo insalvable. Pero, si la garantía constitucional del derecho a trabajar no se cumple, si se cerrara por un período penosamente prolongado la única vía legítima de obtención del dinero, la legitimación de la rescisión de aquel contrato social aparece como una consecuencia defendible. Una aplicación analógica al caso individual de la teoría del “derecho de resistencia a la opresión” aceptada por los autores más clásicos; aún los ius-naturalistas (SANTO TOMAS DE AQUINO, por ejemplo). Tanto es así que el mismo Código Penal prevé la situación. El denominado “estado de necesidad” exime de responsabilidad a quien comete un delito, siempre que la infracción sea con motivo de subvenir a una situación de supervivencia insoslayable de otro modo. (Por ejemplo contra la propiedad: el que roba pan, porque hambriento extremo no tiene cómo comprar comida). Esto es una prueba del reconocimiento del orden jurídico a la automática facultad de transgredir, en casos de emergencia. Ya que cualquiera que esté librado a la lucha por la existencia, si se le exigiera cumplir con la ley a rajatabla -en determinados trances- comportaría la antinatural coacción de limitarse en sus opciones de vida hasta el punto mismo de su extinción. Por ello es que el Código Penal autoriza en tal circunstancia como una excepción a la regla de hierro de sometimiento social. Y, de persistir dicha peripecia se explicaría el retorno del individuo a aquella supuesta existencia primigenia: sin reglas. Situación que constituiría un virtual retorno a la “ley de la selva”. Suponer que el desempleo debe ser asumido por el individuo sin chistar, “debiendo” padecerlo indefinidamente resulta una contradicción en sus propios términos. Y pretender que a la sociedad sólo le corresponde asistir con neutralidad a la insatisfacción del derecho a trabajar de sus miembros sería, como mínimo, exigir una serenidad autista frente a una visión de mal augurio. Ya que constituye la prefiguración o el vaticinio de lo que puede sucederle. Ha estallado la violencia, aparentemente “sin razón”. Un síntoma alarmante de ausencia de valores, la llaman “anomia social”. No se justifica. Pero se explica en: La falta de contención familiar, escolar e inserción social. Básicamente la padecen los marginales de la sociedad; así llamados por ubicarse fuera de su contexto. De consecuencia en consecuencia, este desarraigo abona al aumento de la actividad delictiva. Pruebas al canto: Según fuentes policiales en la provincia de Mendoza los delitos contra la propiedad se incrementaron desde el año 1987 al 1996, en solamente diez años, desde 16.891 hasta 40.240. Protocolizada hace un tiempo la defunción de las ideologías (No sabemos todavía si de un modo apócrifo), aunque se adhiriera a la más liberal de las posturas, considerando válida la definición del Estado como un mero “mal necesario” (Medio paso antes de caer en la postura anarquista), está claro que la represión indispensable para frenar la ola delictiva de las sociedades globalizadas, constituye en el presupuesto de cualquier organización estatal un gran gasto. Analicemos ese gasto, desde lo público y desde lo privado: Desde el “presupuesto público” existe un variado menú de herramientas que instrumenta el Estado constituido por la represión imprescindible para defenderse del aluvión de violencia desatado en las sociedades globalizadas: Aumento del personal policial; más y mejor equipamiento (Armas, móviles, comisarías, etc.); más y mejores cárceles; Etc.. Desde la “inversión privada” se puede advertir un gasto superior de los particulares en: Armas; alarmas; policía privada; rejas y – para los que pueden- barrios cerrados privados. (Este último recurso es el reconocimiento de una verdadera disgregación de la cohesión social. Los loteos privados son “islas urbanas” pergeñados a la manera de los castillos mediovales; lo que obviamente tiene un costo superior para el habitante de esas ínsulas protectoras. Y resulta, más que una inversión, un gasto.) Hecha la mención de medidas de seguridad, aparentemente exhaustiva, a cargo del estado o de los particulares, cabe acotar que estos resguardos, finalmente, no son satisfactorios. De modo que igualmente la gente es objeto de saqueos y violencias. Y, analizando el tema desde el estricto punto de vista del gasto, surge que -al dar toda la vuelta- también hay que reponer bienes y/o contratar seguros. Lo que incrementa los costos de esta creciente búsqueda de la seguridad perdida. Esto sin considerar que vivir a la defensiva y separado del contexto social constituye un costo aparte; pero esta vez no solamente cuantificable en dinero (Una especie de daño moral): Otra vez la proximidad del individuo a sus orígenes, el regreso de la ley de la selva. Las sociedades más adelantadas en lo social y cultural, con mejor ordenamiento económico dentro del sistema capitalista, ante esta desintegración social y tan perjudiciales como caras consecuencias, han optado por tramar más cohesionadamente su tejido social. Bosquejan atenuantes para la desocupación: Fondos de desempleo; reducción de jornadas laborales; trabajos públicos temporarios. Propuestas que no sólo humanizan la fría matemática de los principios económicos hoy predominantes, sino que resultan más baratas y eficaces; ya que atienden a paliar la génesis de esta disgregación social. Incluso priorizando la reducción del déficit presupuestario como objetivo a ultranza. (No estamos propiciando un principio de solidaridad teñido de socialismo). Es que estos “remedios” hacen menos indispensable la policía privada, las alarmas electrónicas, toda la parafernalia consecuente y -muy importante- los cercados aislantes de los barrios privados; que tanto hacer recordar a los castillos feudales separados por una fosa, de las otras clases sociales. Estas consideraciones pretenden que quienes depositan toda su fe en la regulación automática del mercado, como método excluyente del reacomodamiento de las desigualdades, admitan que esa “neutralidad” frente a los hechos delictivos, culmina en un gasto superior e ineficiente.

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