Al darle más espacio a los escándalos en el área de Desarrollo Social (tickets Vale Más) y a la inseguridad y también (La Nación) exagerando hasta el hartazgo la inflación mendocina, a la que califican dramáticamente entre las más altas de todo el mundo.

        Con la inseguridad, que existe y grave, ponen el acento en su enormidad sin comparar seriamente a Mendoza con otras provincias, adjudicándole el primer lugar en la república. Cuando lo que debería destacarse es que hay invertidos Quince Millones de Dólares en ese problema sin atisbarse la mínima ventaja.

       Mas,  con la inflación la parcialidad es tan evidente que -además de lo exagerado de la dramatización – no toma en cuenta la diferencia entre el INDEC y el organismo mendocino dedicado a medir los aumentos de precios. Todo es según como se presente: si no pondera que el INDEC miente los aumentos, Mendoza estaría zarpada del contexto nacional. Aunque eso no es ser objetivo, en todo caso hay una diferencia en la seriedad al medir la inflación nacional respecto de la provincial.

       Lo bueno es saber que hay periodistas que advierten sobre la desinformación de otros medios. Claro que eso se debe a que no todos los medios están en manos del poderoso oligopolio CLARIN. Pero mucho mejor, más eficaz y menos sospechable, sería que hubiera un tribunal de ética periodística, formado por todos los periodistas, autocontrolándose, como el resto de las corporaciones.

            Para refutar la desopilante opinión basta decir: Primero, el artículo 11 de Constitución Provincial expresamente establece la responsabilidad por las ideas y opiniones vertidas “que resulte del abuso que pueda hacerse de este derecho, por delito o contravención”. Obsérvese que precisa los casos de abuso la responsabilidad también por faltas menores a los delitos.

            Segundo, la Constitución Nacional sólo prohibe la censura previa,  no impide que el derecho sea restringido (Ekmekdjian,  Derecho Constitucional,  Tomo I-525). La Corte Suprema confirma: “la libertad de expresión tiene un lugar eminente, que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa”. (Fallos 308:789; 310:508).

            Tercero, se enarbola falsamente el Pacto de San José de Costa Rica. Expresamente en el art. 13, inc. 2 , dice que el ejercicio de la libertad de expresión “… no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores…” y luego “… para asegurar: a) El respeto a la reputación de los demás. b) La protección del orden público o la salud o la moral públicas”.

            El Tratado de San José (Art. 14) consagra el derecho a réplica, no admitido por los medios. Toda persona afectada por afirmaciones agraviantes, por medios de difusión tiene derecho a efectuar por el mismo órgano su rectificación, sin perjuicio de otras responsabilidades. Toda empresa comunicacional debe contar con una persona responsable que no esté protegida por fueros especiales..

            Tan sensible fue la prensa  para la reforma de la constitución del ’94, que en el Art.. 75, inc. 22 impuso que dichos tratados “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.” Bidart Campos comenta “que no es un secreto que lo de la no derogación y lo de la complementariedad derivó de negociaciones con los sectores sociales” ( Derecho Constitucional  T. VI-563.)

            Probada la falsedad de la afirmación del ex editorialista, agregamos que además de la responsabilidad que deviene de cualquier acto humano voluntario, el artículo 902 del Código Civil  dice: “Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”, en una clara demostración de que, como  hoy vivimos bajo el imperio de la sociedad de la información (no del medio ambiente, ni del consumidor),  como señaló Alvin Toffler en  “La Tercera Ola”, la prensa tiene una mayor responsabilidad por las consecuencias de sus actos.

            Finalmente, el numen de la Constitución Provincial, Julián Barraquero en su labor legislativa, presentó un proyecto específicamente para limitar los abusos de la libertad de prensa (Ver  Labor Legislativa de Julián Barraquero, Senado  Mendoza, 1928, pág 424 y sigs.).

            Pareciera que los que se oponen a un tribunal y código de ética de los periodistas, para los periodistas y por los periodistas, propician la “sociedad unánime” y no la “pluralista” propia del sistema democrático, que según el filósofo Spinoza, “en un gobierno democrático… todos están de acuerdo en actuar, pero no en juzgar y razonar según la decisión común. Es decir, que los hombres, que no pueden pensar todos de la misma manera, admiten que la determinación que reúna más sufragios tendrá fuerza de ley, conservando siempre durante este tiempo el poder de abrogar las leyes en favor de otras leyes que les parezcan mejores.” (Tratado sobre la política, Cap. XX)

            El grande de la  libertad de expresión, Stuart Mill, la consideraba clave en la vida social por las siguientes razones: “1) Si se acalla una opinión, que pueda ser cierta; si negamos que podría ser cierta, estaríamos afirmando nuestra propia infalibilidad. 2) Aunque sea una opinión errónea puede contener una porción de verdad. Es muy raro que la opinión general o mayoritaria comprenda toda la verdad. Sólo mediante el choque de opiniones adversas puede haber oportunidad de encontrar el resto de la verdad. 3) Si la opinión que se acepta no sólo es cierta, sino que contiene toda la verdad, si  no se permite que sea atacada vigorosamente la mayoría de los que la reciben, lo harán con un prejuicio sin comprender o sentir su fundamento racional. 4) Si se la acepta como un dogma, se convertirá en una forma, incapaz de cualquier bien, pero que estorbará e impedirá el desarrollo de cualquier convicción verdadera.” (S.Mill: Sobre la libertad, Cap. II, de la libertad de pensamiento y discusión, Edit. Diana, 1965, México, pág. 96/7).-

            Más breve,  Voltaire dice: “No estoy de acuerdo con lo que decís, pero lucharé hasta el máximo para que podáis decirlo”.

            Si un indeseado y eventual nubarrón totalitario cercenara la libertad de expresión:  circunstanciales adversarios de opinión, no duden que abogaremos gratuitamente por sus derechos conculcados, porque pertenecemos a la U.C.R. que jamás amordazó a un periodista, no cerró un diario, ni quemó un libro.

Los Andes

04-2002

Primero, con el sentido del título, compartiendo que el vicio de soberbia, como otros, debe corregirse, por ejemplo admitiendo: a) El disenso; b) El debate; y también c) que se decida, eventualmente, contra nuestro pensamiento. Todo sin perjuicio de insistir en expresarse para persuadir a los demás de lo que uno piensa razonablemente.

Segundo, celebro que anticipe el debate democrático en el Recinto, del proyecto de ética periodística; permitiendo que todos expongamos los argumentos para que una votación decida sobre su suerte.

Tercero, aunque el refutador del proyecto de ley en su artículo no vincula sus citas constitucionales con la libertad de expresión, creo que el debate será la mejor expresión de esos textos citados. Porque, cualquiera sea el resultado del debate, nadie debe ser perseguido o castigado por tener una opinión contraria; aunque luego resultara distinta a la de la mayoría.

Por último coincido en que el artículo 11° de la Constitución Provincial es claro, sobre todo cuando dice: ” … responsabilidad que la que resulte del abuso que pueda hacerse de este derecho, por delito o contravención, …” ( O sea que permite la sanción del código de ética, que marca contravenciones deontológicas).

Pero no coincido con la interpretación que le da al artículo 32 de la Constitución Nacional. Tomé la  última jurisprudencia de LA LEY y hay citas, todas concordantes con : “La garantía de la libertad de expresión debe conjugarse con la responsabilidad que genera la propalación de versiones falsas o tendenciosas o la ilegítima intromisión en la vida privada …” (L.L. 2999-E132/133 “PCA y Otros c/Herrera de Noble, Ernestina y Otro”). Y, respecto de la posibilidad provincial de establecer límites: ” …el artículo 5° de la ley 268 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no vulnera la libertad de prensa, en cuanto prohibe difundir, publicar, comentar o hacer referencia a los resultado de encuestas electorales.”, aclarando que era compatible con el Pacto de San José de costa Rica. Aunque algunas entidades de empresas periodísticas puedan tener opinión contraria al proyecto de mi autoría, tendrán que reconocer que la inclinación jurisprudencial es claramente a favor de la limitación, consistente en el ejercicio de la libertad de prensa, pero respetando otros derechos y garantías.

Lo anterior implica que nadie puede desconocer que el fundamento de la libertad de prensa está en  el derecho a la información. Y el titular del derecho a la información es cada uno de los seres humanos que la recibe. Pues bien, para amparar el ejercicio de ese derecho este proyecto propone que los medios y los periodistas se “autocontrolen”, adoptando códigos y tribunales de ética propios. ¿Qué menos?

En cuanto a la “Declaración de Chapultepec”, debe resaltarse que no es una norma jurídica obligatoria, porque sólo es una declaración de la S.I.P., que es una entidad privada que nuclea específicamente a los Diarios y algunos pocos medios gráficos. Por lo que sus declaraciones, por consensuadas entre ellos que sean, nunca deben tenerse por obligatorias,  más que para sus asociados. Aunque suenen parecidas al Pacto de San José de Costa Rica, no tienen esa calidad ni rango, simplemente constituye una declaración de una de todas las corporaciones posibles, la de los diarios. Pero, estadísticamente, se percibe claramente la tendencia de los periodistas a asociarse, formar gremios y también a la sanción de Códigos de Etica. Correlativamente, las asociaciones de los medios periodísticos, de los empresarios, se manifiestan contra dicha agremiación y los códigos de ética. La  declaración de Chapultepec es una de esas manifestaciones. La reunión de Fortaleza también embiste contra la injerencia del poder judicial sobre los diarios y sus editores; lo que no creo que comparta ya nadie, siempre que no se incurra en censura previa. Nobleza obliga: en EEUU muchas organizaciones de periodistas se resisten también a la colegiación obligatoria propiciada por la OEA.

Hay una interesante publicación muy actual que establece, luego de entrevistar a 115 periodistas de primer nivel (Grondona, Halperín (Clarín, Tres Puntos), Lanata, Saguier (La Nación), D´Amico (Noticias), Etc.) que la mayoría (87%) tiene por no creíble la prensa argentina. Y, lo más curioso aún, que poco menos del cincuenta por ciento (46%) está a favor de los tribunales y códigos de ética: PERIODISTAS, Editorial Sudamericana, Bs.As., 1999, pags. 39 y 159, respectivamente.

El objetivo final del proyecto presentado es que los mismos periodistas discutan sus normas éticas. Sin duda el debate será riquísimo, ya que además habrá distintos orígenes: los habrá con diploma universitario, también los que ejercen en virtud del Estatuto del Periodista, Ley 12.908. A propósito, esta ley nacional no ha sido atacada de inconstitucional, pese a que su artículo 13 establece la libertad de ingresar y de movimientos en los lugares de la noticia.

Que en este momento un lector esté accediendo a esta opinión y el antecedente de haber leído otras opiniones, demuestra que él está ejerciendo libremente su derecho a informarse y opinar.

En definitiva, esto es lo jurídicamente válido. La decisión final sobre el destino del proyecto de ley de ética periodística deberá seguir el camino democrático.

UNO

05-04-2001

  gubernamental, ni de los resortes del dinero, sino de la  conciencia de

 los periodistas y de los lectores, lo que no  excluye que el estado puede

 y deba ejercer un control subsidiario cuando no sea posible poner en

 práctica el  autocontrol.”  LUIS ESCOBAR DE LA SERNA, Derecho de

 la Información, Edit. DYKINSON S.L. Madrid 1998.-

ADEPA y algunos periodistas creen ser los titulares del Derecho a la Información; ese derecho es de la sociedad, no de los medios ni de los periodistas.

            El proyecto de Etica Periodística constituye una iniciativa y un esfuerzo legislativo para reforzar la práctica del “Derecho a la Información” de la ciudadanía. El Estado se encuentra facultado para sancionar un Código de Etica, frente a la inacción de los miembros de la actividad periodística. Lo afirman, sin excepción, todos los doctrinarios que escriben sobre el tema.

 El auto control es un medio positivo de defensa del público ante los posibles abusos de los medios periodísticos, compatible con la libertad de prensa. Porque la actividad informativa constituye una función privada, pero de interés público, lo que explica y justifica que la información tenga un cierto control. No existen derechos absolutos. En todo el mundo libre civilizado está institucionalizado. Como dice DE LA SERNA en la pág. 164 de la obra citada: “…quizá no exista una profesión que haya producido en el mundo tantos códigos de ética profesional como la de los periodistas.”  Habría que agregarle, “excepto en la Argentina”.

Como los medios  han tachado el proyecto de “ley mordaza”, hasta el Bloque de Diputados Justicialista mendocino adhirió al repudio. Sin debate, sin estudio, percibiendo temeroso la reprimenda del cuarto poder. ¿Qué clase de legisladores son los que, antes del debate, se pronuncian por los medios? Se desautorizan a sí mismos, deberían renunciar a su banca.

Ya en el año 1932 se sancionó en Mendoza una ley de prensa,  hoy vigente a través del Código Procesal Penal, contra el clamor del periodismo “lugareño” de la época  (dijo el diputado Ponce Tabanera defendiendo la ley). Pese a que también esgrimían el art. 32 de la Constitución Nacional, nunca se declaró su inconstitucionalidad, porque es una norma exclusiva para el Congreso. ¿Porqué lo harían con esta ley de ética? Que, supliendo la ausencia de autocontrol en la actividad periodística, aplica el “principio de subsidiariedad del estado”.

Tampoco es cierto que rijan códigos de ética en el periodismo mendocino y menos aún tribunales de ética. Solamente conozco el Manual de Estilo de LA NACION,  que cumple y trata de difundir, según advierto conforme dos editoriales de enero 2001; los que son parte del fundamento de este proyecto, refiriendo a PERIODISMO Y AUTOCRITICA.

Respecto de la ley tratada en septiembre de 1932, dijo LA NACION del domingo 8 de mayo de 1932: “Con motivo de la polémica suscitada en Mendoza por la presentación de un proyecto de ley cuya sanción incorporaría a la legislación provincial el artículo 111 del Cod. Penal, fijó hace poco este diario el verdadero concepto de la libertad de prensa, sosteniendo la perfecta actualidad de la definición dada por Blackstone. Recordaremos que, según ella, si bien la libertad de prensa es realmente esencial a la naturaleza de un estado libre, “lo que la constituye es  la liberación de todo obstáculo, de toda restricción antes de la publicación y no de toda represión o pena después de la publicación cuando el objeto de esta sea delictuoso.”"

El proyecto se funda en Doctrina y Bibliografía:  Pierre Bourdieu SOBRE LA TELEVISION; Alfredo Sauvy LA OPINION PUBLICA; Alain  Minc LA BORRACHERA DEMOCRATICA; Enrique Bonete Perales ETICAS DE LA INFORMACION Y DEONTOLOGIAS DEL PERIODISMO; Bonete Perales ETICA DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL; Owen M. Fiss LA IRONIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION; Luis Escobar de la Serna DERECHO DE LA INFORMACION);  Giovanni Sartori HOMO VIDENS;  Ignacio Bel Mallén y Ots. DERECHO DE LA INFORMACIÓN. También Blackstone, Cooley, Alberdi, Sarmiento y muchos más.

En Legislación: Tribunales y Códigos de Etica de: EEUU; Código Europeo de Deontología del Periodismo; Alemania, Francia, Italia, etc., hasta las Islas Fiji y Papúa.

En Jurisprudencia: http://www.spj.org/ethics/News/000606.htm: ETHICS NEWS Tribunal de Etica de EEUU amonestando a la Fox  y los diarios New York Times y The Washington Post.

En Debates Parlamentarios en DIARIO SESIONES H. C. DIPUTADOS y  SENADORES DE MENDOZA, Sept. 1932)

ADEPA con su dictamen reivindica la titularidad del derecho a la libre información; no es la titular, solamente la sociedad puede erguirse como tal. Y la representación de la sociedad en este sistema republicano está en la Legislatura.  El Bloque P.J se opone al proyecto, descalificándose como representantes electos al pronunciarse sin debate en la Legislatura. ¿De qué democracia alardea si no delibera? ¿Cómo puede ufanarse de custodio del derecho quien boicotea el procedimiento de sanción de la ley?  Busca el atajo fácil del medio periodístico.

No estamos en contra de la libertad de prensa. Pertenezco a un partido que nunca  cerró un diario, jamás quemó un libro ni metió preso a un periodista. Pero creemos que debe haber un tribunal y un código que controle los abusos de los medios. ¿Qué menos que el autocontrol?

Si los medios y los periodistas acuerdan un código y un tribunal de ética, nos comprometemos a retirar el proyecto; sería innecesario por haber devenido en abstracto.

UNO

28-03-2001

            Principió con la muletilla de la libertad en peligro y el autoritarismo, descripción sobre actuada. Luego de esa rutina, libró los demonios atragantados de aquel entonces. No me molestó. Aprecié su ironía y también la fidelidad de los textos a mi discurso sobre Illía, corroborados por el arrepentido Grondona. Me gustó la figura de compararme con Lenín ¡Qué curioso!, Adelantándome a los periodistas, promoviéndoles su evolución ante su inacción. Es cierto, en eso la cuestión se le parece. Ante la resistencia de algunos para  auto regularse, preparé  este proyecto, dándoles el trabajo hecho. Sin la  intención de imponerme:  en el artículo séptimo del proyecto los periodistas gozan la facultad de modificarlo a gusto; auto regulación mediante de ahí en adelante. En Derecho Público eso se denomina principio de subsidiariedad del estado.

Una diferencia fundamental con Lenín, no maquiné el cambio mediante la violencia. Lo intento desde la modesta investidura de legislador (aunque, claro, “con oscuros designios”). Una propuesta legislativa pacífica y burocrática ¡ Qué poco revolucionario! Y aburrido. Pese a que la polvareda lo haga parecer una batalla.

            Por lo demás, debo reconocer que, por minucioso,  me equivoqué. No debí tomar como modelo el código de ética alemán, reglamentarista. Debí proponer un modelo menos expuesto al molido fino. El de Quebec por ejemplo. Ese no regula  la eventualidad de la expresión escrita de los dementes evidentes, que préstase a la tentación de hacerse el “loco lindo”. A riesgo de que sus escritos sean un “juguete rabioso”. Ya se sabe lo  atractivo, para todo intelectual, de asimilarse a los “siete locos” de Arlt; aunque de genios y de locos todos tengamos un poco. ¡Un esnobismo un poco vulgar!

            Claro que, después de todo, lo más importante no está puesto en consideración. ¿Es bueno tener un código de ética? ¿Corresponde que los periodistas se auto regulen? ¿O la mayoría es igual a Clark Kent? Es que, si todos son superhombres, me equivoque grueso. Ya se sabe que Súperman es ético a rabiar.

Como que lo tildé de envidioso  no figura en  la “carta de lectores” a la que se redujo mi respuesta a su agresión en la columna Opinión, (publicada desconectada del articulo LA ARISTOCRACIA DE LA LEGISLATURA, abreviada, extemporánea y única oportunidad que tuve de replicar  y “publicar libremente mis ideas”), advierto que  pudo leer mi texto, el original previo a la censura, el titulado: “EL ARISTOCRATA EXCLUIDO, o maldita legislatura”. Fue una satisfacción. Sé que no me enaltece vanagloria tan mezquina y lo confieso. Por eso sé que hace falta un código de ética. Todos somos susceptibles de la concupiscencia del espíritu, de la soberbia intelectual. Que, como en todo deporte (sustituto de la guerra en tiempos de paz), busca vencer.

            Pero en las Olimpíadas la polémica escrita todavía no está homologada. Además ¿Con qué reglas?, si al Diputado los fueros no le alcanzan para el “derecho a réplica” y al Periodista no hay quien le haga cosquillas ni con una caña. Muy a pesar de que varios editoriales de LOS ANDES pretenden la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica (“por la colegiación obligatoria, vió”), que no la prohibe. Eso sí,  rehusándose al derecho a réplica, esa parte del Pacto nooo…

            La metáfora de la micción canina no es mía. Aunque me halague  haber sido tan convincente en el discurso como  para sumar un “ganso” a un homenaje a Illía, “pericote” al fin. Una debilidad  momentánea, seguramente. Igual lo aprecio.

            Ahora, terminado el esgrima personal, que no inicié ¿Porqué no debatimos el fondo del asunto?             Se dice: “Lo que pasa es que, una ley, viniendo de un legislador, es sospechosa.” “Además no es el momento. Justo ahora que el periodismo descubre tantas cosas. Habría que esperar un período en que no descubra nada. Ese sería el momento. Mas que nada para no levantar suspicacias.” Porque “ya se sabe, para mí, vió, hay una conspiración de los políticos”. Es poco serio y abona un clima de amoralidad.

            Hace años que reflexiono sobre el papel de la prensa. Ya casi no hay títere con cabeza:  los militares defraudaron, los jueces bajo sospecha, a los sindicalistas quién les cree; en los políticos quien confía. Sin distingo alguno. Y todo gracias a la labor objetiva y sana de los periodistas. En este cementerio: ¡A cada señor, su honor y a cada muerto, su tumba!

            Es cierto, un periodista no debe ser ingenuo; debe cultivar un escepticismo preventivo. En su lugar algunos recurren a una actitud  de suspicacia inapelable, que determina la formación de una opinión pública pesimista y escéptica. Así nos va, hasta la economía se enteró.

            Ya se sabe que el desideratum  del mercado es: “coma caca millones de moscas no pueden estar equivocadas”. El problema es que, luego de tanta basura hurgada ¿A quién le queda el olfato fino y la credulidad sana? Decía mi padre “los estafados casi siempre son estafadores frustrados”.

Los Andes

04-01-2000

            La Democracia,  sobrevenido su triunfo práctico sobre toda otra ideología, parece amenazada de muerte. ¿Qué loco furioso se animaría a la insolencia de proponer su sustitución por otro sistema de gobierno?

            Más, a pesar de su aparente fortaleza,  la democracia porta en su seno el huevo de la serpiente; una suerte de “Alien”. El minucioso sistema de controles y división de poderes, la elección libre de sus autoridades y su consecuente soberanía indiscutida, se encuentran en crisis y al borde de la disolución casi consentida. Con el certificado de defunción de las ideologías el histórico optimismo, que durante siglos acompañó a cada ideología, se convirtió en un escepticismo pesimista.

            El sistema representativo, aparente paradigma insuperable de la Política, hoy es criticado precisamente como de representación cuestionable. Así la democracia, justamente al obtener la última de sus victorias, eliminado el comunismo practicante, titubéa como un ciego sin bastón . ¿Quién puede negar el clamor de descontento que pone en juego todo el sistema?  ¿O no está a la defensiva el sistema de partidos? Si es que no está ya condenado. Y ¿Cuál es la alternativa? ¿Quién ocupa el lugar de la representatividad partidaria? ¿Qué raro fenómeno conecta e interfiere a los representantes con los representados de modo exclusivo y excluyente?            El fenómeno al que los optimistas denominan la Democracia de la Opinión Pública. Y al  que los realistas  le reconocen únicamente apariencia democrática, un disfraz de libertad.

Pero a los dirigentes, a los que hacen política para transformar la realidad, los que gobiernan y en serio buscan “lo que debe ser”: las leyes; no  “lo que  es”: sondeos de opinión y encuestas, se les hace muy difícil divulgar  su opinión en igualdad de condiciones. Para el caso, mi parecer respecto de las bondades del proyecto de ley, posiblemente no tendrá cabida en ningún espacio del Diario Los Andes. Por el contrario seré declarado enemigo personal. Cuando la realidad es que no mantengo antipatía con el periodismo. 

En lugar de una polémica, de buen nivel y juego limpio, la discrepancia del diario es fundada con miles de palabras, tomando media página. Mientras que mi respuesta puede ser sometida a censura, disminuida a  250 palabras, si la publican recortada como carta de lector.  Eso me pasó, hace pocos meses, cuando me atreví a defender mi cabeza de la metafórica decapitación por parte del periodista De La Rosa. Pero lo grave de todo esto no es lo anecdótico del enfrentamiento con el que escribe. Bajo ese espejismo de libertad de prensa se esconde y acecha la dictadura de las encuestas de venta. Y con ella, la influencia anárquica de la “noticia espectáculo”, como formadora de opinión.

            ¿Será una  casualidad que para la época de mayor influencia de la opinión pública se haya reducido al Estado a un mero administrador del Mercado? ¿Será casualidad que hoy los jueces resulten el arbitraje último hasta de la política? Véase la opción Bush-Gore.

            No es casualidad que a esta democracia representativa únicamente le respondan el populismo – carismático, el ecologismo mediático o meramente algunas O.N.G y uniones de empresarios. No es por azar que metan en la misma bolsa a los funcionarios electos, tildándolos de “clase política”, aunque provengan de tres partidos y diferentes orígenes sociales. ¿No sabe el editorialista que las divisiones partidarias “-en conjunto, aisladas o con preponderancia de unas sobre otras-” (como describe él la conformación de las empresas dueñas de medios de prensa) conforman una paleta policromática de intereses, que por eso mismo  resulta a la postre el más fiel reflejo del pueblo?  Como dice Alain Minc: “La democracia de la opinión pública ha comenzado su reinado. Luchar contra ella es equivocarse de trinchera. Ignorarla es optar por su rostro más inquietante. Sólo nos queda una salida: intentar repensarla.” El proyecto denostado constituye un esfuerzo en ese sentido, emulando lo que existe en los demás países del mundo (EEUU; Alemania; Italia; Etc.). Invito al editorialista a un debate sobre la viabilidad o el desacierto del proyecto de ley de Etica Periodística.

            En la Argentina la corrupción no es un hecho individual ni únicamente de  sector, sino estructural. Que quede claro: todos estamos sospechados; cada uno en la responsabilidad de su quehacer. No puede confiarse a  la Justicia su saneamiento. La Justicia no es preventiva, serviría sólo para penar excepciones. Querer remediar la corrupción con la Justicia es igual que atacar una epidemia infecciosa mediante la cirugía.

De ahí la propuesta de leyes promoviendo la ética para cada uno de los quehaceres. Soy abogado colegiado por ley obligatoriamente con código de ética incluido. Como diputado, nobleza obliga: primero suscribí, fundé y voté la ley de ética de los funcionarios públicos, para luego propiciar la creación del  Tribunal y Código de Etica del Periodismo. En uso de mis facultades de legislador propongo establecer un Consejo Deontológico con miembros elegidos  por sus colegas periodistas. Presumiblemente, como humanos, necesitan reglas.

Quien resista someterse a pautas éticas de autoregulacion (tal cual todas las actividades del país), será considerado de  una arrogancia inexcusable. ¿O, ser periodista es ser más que humano?

Diarios: Los Andes - Uno

21-12-2000